DISCURSO  DEL DR. ANTONIO MARQUEZ MORALES, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS JURÍDICAS DEL ESTADO ZULIA. EN EL ACTO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA.

AUTOR Agencia Literaria

DISCURSO  DEL DR. ANTONIO MARQUEZ MORALES, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS JURÍDICAS DEL ESTADO ZULIA. EN EL ACTO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA.

MARACAIBO, 27 DE MARZO DE 2015.

Comienzo por ratificar el agradecimiento a mis colegas académicos, por su decisión de elegirnos, como  primera directiva, integrada por mí como Presidente, al Dr. Fernando Villasmil Briceño, como Vicepresidente, a la Dra. Irasema Vílchez de Quintero como Secretaría, al Dr. José Antonio Mena Duarte como Tesorero y a la Dra. Tania Méndez de Alemán como Bibliotecaria.

Asimismo, quiero agradecer la presencia de todos los distinguidos  invitados.

Dentro de este  grupo de académicos zulianos, todos profesores universitarios de las universidades establecidas en nuestro estado,  unos jubilados y otros activos, unos tres o cuatro pertenecemos a la Generación de 1958, año de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.  Los demás, de generaciones posteriores,  unos más jóvenes que otros,  que tendrán la importante misión de darle larga vida a la Academia, y unir esfuerzos para que los que sigan no desmayen en la tarea de enaltecer los estudios jurídicos en el Zulia y Venezuela.

La creación, como sociedad civil sin fines de lucro, que ha realizado la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Zulia como corporación profesional, se fundamenta en los artículos 33, “in fine” y 42, numeral 3) de la Ley de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela.

La designación que ha hecho el Colegio de nosotros como integrantes de esta Academia no la tomamos como un  reconocimiento; la consideramos una tarea que se nos ha encomendado en una etapa francamente difícil de la historia de nuestro país.

De acuerdo a la normativa que rige la Academia, entre otras, tenemos  como tareas la de:

1.- Propender al desarrollo y progreso de las Ciencias Jurídicas en general.

2.- Cooperar al progreso y mejora de la doctrina jurídica y la legislación nacional y regional, ya  por  medio  de  estudios  sobre puntos  determinados, los cuales  se publicaran en los órganos de divulgación de la Academia o el Colegio de Abogados, o promoviendo certámenes de acuerdo a la normativa correspondiente.

3.- Redactar y revisar los proyectos de leyes que las autoridades competentes, sean nacionales, regionales o locales, crean convenientes someter a su estudio, con el fin de presentarlos oportunamente ante los entes legislativos.

4.- Recomendar a las Universidades las mejores obras de texto para la enseñanza del Derecho y las materias atines,

5.- Incrementar la Biblioteca “Dr. Humberto Cuenca” del Colegio de Abogados del Estado Zulia, incorporando en ella las mejores obras de Ciencias Jurídicas, de autores nacionales y extranjeros, y la legislación universal de otros países.

6.- Establecer relaciones con todas las Academias y Cuerpos de igual índole en el país y el resto del mundo.

7.- Publicar un Boletín o Revista como órgano oficial de la Academia con cierta periodicidad, por lo menos, un número semestralmente.

8.- Ocuparse en todo lo demás que sea propio de la naturaleza y carácter de la Corporación.

9.- Informar semestralmente de las actividades cumplidas por la Academia a la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Zulia.

El Zulia ha sido pionero en la creación de academias regionales. En efecto, existen en el ámbito del Estado Zulia las Academias de Historia, de Medicina y de Ciencias Económicas.

El Zulia, como parte indisoluble de la nación venezolana, desea aportar a las Ciencias Jurídicas del país, tal como lo ha hecho siempre  con sus juristas más destacados, sus estudios sobre estas ciencias y demostrar así su apego a la defensa del estado de derecho como base fundamental de la convivencia de nuestro país como sociedad civil organizada.def su libertad e independencia, según las leyes imperceptibles de la naturaleza”.

El estado de derecho y la democracia.

Conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela somos un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. Por tanto el Estado se impone la obligación de lograr el bienestar de los venezolanos, creando las condiciones  necesarias para su desarrollo social y espiritual, y procurando la igualdad de  oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su bienestar.

Ciertamente, cabe señalar que la Constitución encuentra todavía enormes dificultades para ser aplicada, y es desconocida por grandes sectores de la sociedad civil.

Pero además el moderno estado de derecho tiene que ser democrático. Y en nuestra opinión, una de las características de la democracia es que quien ocupa el lugar del soberano es el ciudadano, y no los gobernantes.

Precisamente, con la revolución francesa se cambió el estado autoritario, absoluto, por el estado de derecho.

Los Derechos Humanos.

Nuestra Constitución en su exposición de motivos, al comentar TITULO III De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes. CAPITULO I, dejó claramente establecido en sus Disposiciones Generales que:

“Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el Estado garantizará a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos.

Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.

Son derechos universales, inherentes a todos los seres humanos, porque todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, color, origen, condición social o religión. No se puede hablar de Estado de Derecho, ni de democracia, sino se respetan todos los derechos humanos. No debe existir discriminación por causa alguna, ni ideológica, ni política, ya que todos los derechos humanos están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles unos de los otros. El derecho a la vida, a la salud, a la libertad en todas sus modalidades (personal, de pensamiento, de expresión, de reunión, etc.), a la integridad y seguridad de las personas, al trabajo, a la propiedad, a la protección judicial, y demás derechos de la persona humana, están expresamente reconocidos y establecidos en nuestra Constitución. “ 

Los derechos humanos son tan importantes, que pretendemos que esta Academia considere como una de sus metas fundamentales, la enseñanza, investigación y promoción de dichos derechos, los cuales se encuentran consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en numerosos pactos, acuerdos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

Si los derechos consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales se aplican a medias, y en algunos casos no se aplican, estamos en presencia de una carencia de democracia.

Y esta situación se está dando en muchos países en los cuales los gobernantes han perdido el rumbo al considerar al Estado por encima de los ciudadanos.

Y la mengua en el ejercicio de los derechos humanos no se ha contraído al ámbito judicial solamente. El derecho a la alimentación y a la salud con la situación real de escasez de alimentos y medicamentos por obra de la crisis económica, acentuada por la baja de los precios del petróleo.

El derecho a la vida por el incremento de los delitos en todo el país tiene que ser motivo de preocupación de todos.

Igualmente el derecho a la protesta, producto de la carencia de los derechos indicados, ha sido atacada en forma exagerada al punto que determinados funcionarios del orden público recurren a represiones fuertes contra los manifestantes pacíficos, solo por el hecho de expresar su descontento frente a la situación que vive el país.

Algunos barrios están dominados por temibles bandas en un país que, de acuerdo con Naciones Unidas, se ha convertido en uno de los más violentos ante la facilidad para conseguir armas y un sistema judicial débil que ha permitido la impunidad.

Hace poco, el coordinador de la comisión presidencial para la transformación del sistema policial, diputado Freddy Bernal, reconoció lo grave de la situación.

“Es necesario recobrar la autoridad del Estado. La autoridad del Estado no se negocia, no se pone en subasta. Tenemos la obligación de darle confianza a ese policía y trabajar en contra del delito”, dijo en una entrevista televisada donde anunció la intervención de diversos cuerpos policiales.

La sociedad venezolana espera  que este año se pueda superar la crisis nacional. Debemos alcanzar de nuevo el entendimiento en los ciudadanos.

La Presunción de Inocencia como un Derecho Fundamental.

La presunción de inocencia forma parte del bloque constitucional de derechos, porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, dispone que: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, establece en su artículo 14.2 que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

Por ello, en este procedimiento penal la persona se encuentra protegida por el derecho a la presunción de inocencia y los demás derechos y garantías del imputado en las diversas etapas del procedimiento (investigación, imputación, medidas cautelares, juicio oral, sentencia condenatoria, derecho al recurso).

La lucha contra el crimen y la delincuencia manifiesta su superioridad ética en el Estado Constitucional democrático respecto de otros tipos de Estado, por el respeto y garantía efectivos de los derechos fundamentales de todas las personas, entre ellas, de los imputados.

En nuestra Ley Fundamental, el principio de presunción de inocencia está instituido de manera expresa bajo el siguiente texto: “Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”.

El principio de presunción de inocencia tiene una repercusión muy relevante en el principio general de que la detención preventiva se constituye en una excepción al principio de que el procesado se defienda en libertad.

Este principio está siendo vulnerado en determinados casos que afectan sobre a todos a jóvenes que disienten del actual sistema de gobierno.

La Academia de Ciencias Jurídicas del Estado Zulia se une al llamado nacional e internacional de dar cumplimiento a este principio universal, como universal deben ser las garantías que lo sustentan.

Conclusión.

Los principios de equidad, de igualdad, son fundamentales para lograr una sociedad cada día más justa, más participativa, más democrática, donde realmente las comunidades, todos los sectores, influyan y controlen los programas y proyectos que nos afectan, con miras a lograr la utilización adecuada, racional y honesta de los recursos públicos, para que no se despilfarren, no se dilapiden, ni se los apropie nadie, para que los resultados que se obtengan sean los mejores y se garantice el progreso de esta región y del país, y se eviten muchos de los males que nos están aquejando actualmente, como son la inflación desbordada, las  devaluaciones de nuestra moneda, la corrupción y la falta de credibilidad de nuestras instituciones, que están ocasionando un creciente malestar social, qué, de continuar, nos pueden llevar a salirnos del cauce constitucional con graves daños para la sociedad. Los miembros de esta academia no somos ajenos a toda esta situación, estamos contra todo intento de golpe o conjura que viole la Constitución. Queremos contribuir con nuestra región y con nuestro país, queremos poner nuestro granito de arena en la solución pacífica de todos esos conflictos, para que logremos encontrar la salida más exitosa a nuestros problemas de desarrollo político, social y económico, como lo han logrado otros países, incluso de este mismo continente, todo ello dentro de los principios y normas constitucionales.

Muchas gracias.

Maracaibo, 27 de marzo  de 2015.

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